17 y 18 de Noviembre 2016: Aula Magna Campus San Joaquín, Pontificia Universidad Católica.
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ORGANIZAN:
Aldeas Infantiles SOS, Movimiento Mundial de Infancia, Observatorio sobre el derecho a vivir en Familia (OBSERVA), Pontificia Universidad Católica (PUC); Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile.
El derecho al cuidado, el derecho a dar y a recibir cuidados, se perfila como un nuevo derecho social y comienza a recibir una mayor atención en el debate sobre las políticas públicas en nuestro país.
A partir de una actitud cuyo origen está en la relación maternal, el cuidado incluye tareas y actividades que pueden prodigar otros actores, equilibrando de este modo las relaciones y responsabilidades entre los sexos en las tareas del cuidado y ampliando su alcance: del ámbito micro, en el que se desarrollan prácticas sociales realizadas por personas concretas, al ámbito macro, compuesto de instituciones y agentes sociales, del Estado y del mercado. El recurso a trabajadoras domésticas asalariadas, en que se ofrece y demanda el cuidado de niños y niñas; los jardines infantiles, las salas cunas y guarderías, a cargo del Estado o de servicios privados, que cubren también una demanda social de cuidado infantil. Asimismo, cuando los cuidados por los padres en el seno de la familia de origen de los niños y niñas no son posibles, el Estado debe financiar un sistema de cuidados alternativos, que restablezca el derecho de los niños a ser cuidados por una familia.
Los cuidadores también necesitan ser cuidados. Cuidar es una actividad que no solo requiere habilidades, empatía, paciencia, sino que también considerable dedicación y esfuerzo. Por otra parte, el cuidado no siempre se realiza desde la ética de la responsabilidad ni se ve acompañado siempre de afecto. En ocasiones la motivación del cuidado es la obligación y también se presentan el abuso y la violencia de los dependientes por parte de sus cuidadores. Las políticas públicas, no solo han de promover el cuidado y evitar su pérdida, sino que resguardar que exista el buen cuidado, evitando cualquier forma de violencia en su ejercicio. La política pública tiene que incluir también la erradicación de la violencia institucional, representada por formas autoritarias de cuidado institucional, promoviendo procesos de desinstitucionalización y su reemplazo por dispositivos comunitarios de vida en familia.
La integralidad de los derechos plantea el desafío de construir un sistema territorial de cuidados de niños, niñas y adolescentes. El derecho a ser cuidado en el seno de una familia, el derecho a la salud en sus distintas dimensiones, el derecho a la educación, los derechos civiles frente a los medios de comunicación, etc.; se juegan en el marco de condiciones y contextos para brindar el cuidado, donde se debe incluir la vivienda y el entorno como partes de un dispositivo local en que se organizan y brindan los cuidados dirigidos a los niños, niñas, adolescentes y sus familias.