Los niños, niñas y adolescentes de nuestro país están viendo afectada su salud mental en niveles realmente preocupantes. Así lo evidenció un informe realizado en 24 países a nivel global, donde Chile lideró las cifras con la peor salud mental en niños y niñas menores de 6 años.
La salud mental se define como el “estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” (OMS, 2018). Es un derecho humano, establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN, que este año cumple 30 años desde su ratificación.
Una de las cifras que impactan en el estudio, es la tasa de depresión en niños menores de 6 años. En Chile está entre el 12 y el 15%, mientras que en otros países está entre el 5 y el 6%. Estas cifras son coherentes con el debate que se está dando en la actualidad, especialmente si ponemos en el centro a los niños y niñas que está en el sistema de protección especial.
Los problemas y trastornos mentales constituyen en Chile la principal fuente de enfermedad. Según el último Estudio de Carga de Enfermedad y Carga Atribuible realizado en nuestro país, un 23,2% de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte (AVISA, estimador de salud que se refiere a los años de vida saludables perdidos anualmente) están determinados por las condiciones neuro-psiquiátricas. Para los niños y niñas entre 1 y 9 años un 30,3% de los AVISA se deben a estas condiciones, proporción que se incrementa a un 38,3% entre los 10 a 19 años.
Sin embargo, al mirar el financiamiento destinado a la salud mental en Chile, se observa que solo un 2,4% del presupuesto total de salud está destinado a abordar este problema, ubicándonos muy por debajo de los estándares entregados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los estudios evidencian que la aparición de problemas en la salud mental es multicausal debido a una combinación de antecedentes familiares y de factores ambientales, biológicos y psicosociales. Entre los más comunes, están los antecedentes familiares y principalmente, las situaciones estresantes, el trauma, vivencias de abuso sexual y físico, el abandono, el maltrato, negligencia, entre otros.
Los datos muestran que los niveles de violencia a la que están expuestos los niños, niñas y adolescentes es alta. Como ejemplo, los resultados de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia, señala que el 63% de los cuidadores ha utilizado algún método de violencia para educar a sus hijos. Son cifras que reafirman lo que hemos venido señalando de que esta forma de relacionarnos está naturalizada y es parte de nuestra matriz social y cultural y que, por tanto, requiere de una abordaje profundo, intersectorial e integral.
Es posible educar y criar a los niños sin el uso de violencia y están a disposición técnicas y herramientas para hacer esto posible, pero que necesariamente requieren de una activa participación e involucramiento de la familia y de profesionales que lo propicien y apoyen en este sentido. La presencia de estas prácticas en el seno de un grupo familiar, evidencian que hay problema colectivo y que requiere una respuesta a este mismo nivel.
Es necesaria una temprana educación emocional y apoyar y fortalecer a las familias para que ejerzan una crianza positiva y expresen una afectividad de manera consciente, en un marco de cuidado y protección. Todo para garantizar el derecho de los niños y niñas a vivir en familia y en aquellos que han sufrido pérdida de este cuidado, restituir este derecho.
Para Aldeas Infantiles SOS en Chile y en el mundo, una de sus funciones prioritarias es la defensa y protección por los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias, velando para que ellos crezcan en un entorno familiar basado en el amor, respeto y seguridad. Creemos que es la familia el entorno natural las personas para que pueden desarrollar sus habilidades, capacidades y su emocionalidad, que les permita construir sus proyectos de vida.
Hemos recibido con satisfacción, pero expectante, la noticia sobre la inauguración de la primera Residencia de Alta Especialidad (RAE) del Sename, que va dirigida a los niños, niñas y adolescentes que requieren de atención oportuna y especializada en salud mental.
Pero tenemos conciencia de que este es un problema que va más allá de las posibilidades de acción de una sola organización. El Ministerio de Salud debe asumir esta tarea con determinación y convicción respecto a la inversión y el retorno que genera abordar de manera preventiva y oportuna los problemas de salud mental en los niños y en los adultos, quienes tienen la tarea de cuidado de éstos. Y lo más relevante a nuestro juicio, traducirla en una política pública integral y con carácter intersectorial, como se plantea en el Plan Nacional de Salud Mental 2017-2025.
Este problema nos desafía a seguir trabajando este tema en sociedad con otros e interpelar al Estado para que aborde en sus políticas públicas estas problemáticas que son urgentes y, además, avanzar de manera decidida en la promulgación de una Ley de Protección Integral a la niñez y adolescencia, en el que se garantice todos sus derechos, como nos mandata la Convención y se genere la institucionalidad necesaria en todos los niveles de la administración para este nuevo marco legal y regulatorio sea una pronta realidad que celebremos como un avance más hacia la protección y el resguardo de los niños y su familias.
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